José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur, una
asociación sin ánimo de lucro, integrada por treinta de las más relevantes
empresas de toda la cadena de valor turística y de los subsectores del
transporte aéreo, ferroviario, marítimo y terrestre, alojamiento, agencias de
viajes y turoperadores, medios de pago, alquiler de coches, hospitales
turísticos, centrales de reservas, ha
alertado del crecimiento “desbocado” de las viviendas turísticas o vacacionales
en España, con sesenta mil plazas más en las veinticinco principales ciudades
en el primer trimestre, un 25,1 % por encima del año anterior y sumando un
total de 286.858, superior al nivel prepandemia.
Además, esa cifra del primer trimestre, junto al aumento del 20,7 % de los tres primeros meses de 2023, hace que, en apenas dos años, el número de plazas se haya incrementado en casi cien mil, superando los máximos de los primeros meses de 2020. Durante su intervención, Zoreda también ha aplaudido la decisión del Gobierno de querer limitar los alojamientos turísticos en zonas tensionadas: “Lo veníamos reclamando desde hace siete años de manera intensa, mientras que hasta ahora se había pasado por alto, pero ya se ha convertido en un problema político”.
En este sentido, según informó la
agencia Europa Press, Zoreda confía en que esta iniciativa termine en “el
deseable acuerdo y coordinación generalizada” entre Gobierno y las comunidades
autónomas con “una visión y convicción común” de erradicar “este problema
nacional”. En síntesis, ha señalado que esta decisión debe facilitar un nuevo
paraguas legislativo de carácter estatal que, ante los vacíos legales
existentes, permita regular y empoderar mejor a las comunidades autónomas con
unas normativas y procedimientos para abordar “el descontrol de estos pisos
turísticos”, e implantar las medidas “correctivas y punitivas más exigentes”
que “se hacen cada día más imprescindibles”.
En Canarias, lo que parece de difícil
digestión es que ahora mismo, a la espera de que alguien asuma con claridad la
iniciativa reglamentaria para regular esta modalidad de unidad de explotación,
no haya registro de viviendas vacacionales en una ciudad como el Puerto de la
Cruz, a la que en 2023 llegaron 933.965 viajeros y registró una ocupación media
de visitantes del 73,1 %.
En referencia a los datos de AirDNA, una
herramienta de análisis enfocada en los anfitriones de alquileres vacacionales,
que actualmen te rastre el rendimiento diario de más de diez millones de
propiedades en unos ciento veinte mil mercados globales Exceltur señala que la
concentración del crecimiento de la oferta de este tipo de viviendas se sitúa
en un conjunto de ciudades que no han regulado el fenómeno y/o no disponen de
los instrumentos de inspección y control “suficiente” para hacerlo frente. Tan solo en las ciudades donde hay una
mayor sensibilidad ciudadana y, sobre todo, un mayor esfuerzo municipal y
prioridad política para su ordenación y control, el crecimiento de las
viviendas de uso turístico o vacacionales se sitúa en una tendencia razonable,
según el informe.
El caso es que el Gobierno quiere
limitar el mercado en zonas tensionadas, con una finalidad: garantizar el
acceso a la vivienda. Pero cada vez es más difícil. Y ahora leemos que
empresarios del sector estudian si participar activamente en la idea construir
casas destinadas a la población laboral para facilitar su acceso. ¿En qué
parará todo esto?
